La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de protección a las víctimas de delitos, que era impulsado por el Frente Renovador, y que ya había sido modificado en el Senado a fines de mayo, por lo que la propuesta se tuvo que volver a ser aprobada por la Cámara Baja.

Por unanimidad, 219 diputados votaron a favor del proyecto de ley, y la sanción fue celebrada por distintos grupos de víctimas y familiares de víctimas que presenciaron la votación. La nueva ley sobre protección de los derechos y garantías de las víctimas de delitos les asegura la representación jurídica para las víctimas y crea la figura del defensor público de la víctima.

La iniciativa había sido impulsada por el Frente Renovador y había sido aprobada por el Senado el 31 de mayo luego de un debate que duró varios meses. En la Cámara Alta, la iniciativa fue aprobada por unanimidad con 58 votos a favor y devuelta con cambios a la Cámara de Diputados, que la había votado en octubre de 2016.

El proyecto plantea la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas en todo el país y establece que quienes sufran delitos tienen que ser notificados sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se le otorguen a los condenados y acusados.

La principal modificación que fue introducida por el Senado a la iniciativa aprobada en Diputados es la creación de la figura del defensor público de víctimas, cargo que ocupará un magistrado por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires, 24 en total. Además, habrá 123 prosecretarios y secretarios letrados que pasarán a ser nombrados con el cargo de defensores coadyuvantes, a las órdenes de los 24 defensores públicos de las víctimas.

La propuesta también plantea otorgarles a las víctimas de delitos el derecho a participar de las declaraciones de testigos (a través de sus abogados); que las víctimas reciban asesoramiento durante el proceso y la ejecución de la pena; habilita a quienes sufrieron un delito a constituirse como querellantes y a ser notificadas sobre las resoluciones tomadas durante el proceso judicial.

El proyecto de ley surgió luego de la movilización "Para que no te pase" que se realizó en octubre del año pasado, organizada por distintas víctimas de delitos que se se hicieron públicos, como Carolina Píparo (quien fue baleada en una salidera) y María Luján Rey, madre de un joven que murió en la Tragedia de Once.

Fuente: Infobae