El secretario general del sindicato de empleados de Comercio, Armando Cavalieri, fue imputado por el titular del Juzgado Federal Nro. 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, por el presunto delito de administración fraudulenta en la obra social OSECAC, en el marco de la causa de la financiera CBI Cordubensis.

Según indicaron fuentes judiciales, además de Cavalieri, fueron imputados como autores del delito de defraudación los dirigentes de la obra social Carlos Alfredo Bélz, Pedro Ángel Mezzapelle, Daniel Andrés Ruberto, José Luis Oberto y Carlos Alberto Restivo, aunque ninguno se encuentra detenido.

Las imputaciones surgieron a partir del allanamiento realizado por orden de Vaca Narvaja el pasado miércoles en la sede porteña de OSECAC, para determinar la relación de Cavalieri y el resto de los miembros de la comisión directiva con cheques destinados al pago de prestaciones irregulares en la provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.

De acuerdo con la investigación, los valores habrían sido cobrados en Córdoba por Javier Guevara Amado, contador del empresario Euclides Bugliotti, a través de la mesa de dinero que funcionaba en la financiera CBI Cordubensis, y los cheques habrían sido depositados en cuentas fantasma de Halabo S.A. y Jotemi S.A. en la sucursal Córdoba del Banco Nación.

También fueron imputados como partícipes necesarios Bruno Rodolfo Cricco, Alejandro Domingo Mateo, Mariana Rojas, Juan Antonio López, Mario Rolando Ramírez, Rafael Ricardo Molina y María Fernanda Sánchez.

De acuerdo con la investigación a cargo del fiscal Enrique Senestrari, para realizar las maniobras los imputados utilizaron empresas creadas por terceros no identificados para actuar como prestadores de salud y funcionar como intermediarios en el sistema de OSECAC, por lo que se sospecha que se habría pagado a supuestos prestadores prácticas que no se habrían realizado.

Según la investigación, la defraudación de las maniobras realizadas entre septiembre de 2010 y agosto de 2012 superaría los 53 millones de pesos, aunque resta determinar el monto total de la supuestas operaciones ilegales.

La causa por la financiera CBI estalló el 14 de febrero de 2014, cuando se conoció la dudosa muerte del vicepresidente de la firma, Jorge Suau, ocurrida un día antes en circunstancias aún no aclaradas por la Justicia.