Tras la muerte de Alberto Nisman, que perturbó al país, la oposición no atinó, ni siquiera en circunstancias tan conmocionantes, a formular una respuesta unitaria frente al hecho del fallecimiento del fiscal de la causa más trágica de la reciente historia argentina que lo llevó a acusar de encubrimiento a la propia Presidenta de la Nación, al contrario que el gobierno y el oficialismo que se abroquelaron en un solo discurso.
Todos los representantes opositores salieron cada uno por su lado cayendo en lugares comunes al igual que las primeras líneas dirigenciales de las diversas expresiones opositoras.
Hoy el ex diputado provincial Marcelo Elías quien durante varios períodos fuera jefe de la bancada radical de diputados bonaerense ha propuesto, sin embargo, una alternativa “para esclarecer el trasfondo de la muerte del fiscal y preservar las pesquisas sobre la AMIA que lo llevaron a acusar” a la Jefa del Estado.
Elías propone “la creación de una Comisión Investigadora Independiente bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, única institución constitucional que aún no genera suspicacias” como “un instrumento válido al que debe apelarse para llevar sosiego a una sociedad conmovida, que reclama verdad y justicia en un doloroso capítulo más de una tragedia que comenzó 20 años atrás con un escenario de distinto cuño pero de igual signo político, y da nombre para integrarla; Luis Moreno Ocampo (ex fiscal adjunto del ‘Juicio a las Juntas’ y ex fiscal- jefe del Tribunal Penal Internacional) e Inés Mónica Weimberg de Roca (primera presidenta del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas y ex miembro del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y Ruanda) son “juristas de prestigio, valía, valor y coraje cívico, peso y probada independencia, cuya autoridad trasciende las fronteras de nuestro país y se extiende al concierto de las naciones del mundo”, dice Elías y afirma que “ellos podrían hacerlo bien, valiente y honorablemente”.
Finaliza el exlegislador bonaerense señalando que “claramente la histórica CONADEP es un ejemplo de cómo hacerlo y para ello basta desempolvar el sabio decreto 187/83 del Presidente Alfonsín para amoldarlo a circunstancias tan extraordinarias como trágicas: no es para juzgar, para eso están los jueces – y si legalmente cabe, la propia Corte, tal como están señalando que debería hacerse cargo varios de los principales candidatos presidenciales – sino para “recibir denuncias y pruebas y remitirlas inmediatamente a la justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos”, “denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer” y “emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados”.
