El gobierno bonaerense puso ayer en vigencia el decreto que suspende la designación de personal en las plantas temporaria y permanente y a la vez congela vacantes, decisión que abrió un nuevo frente de conflicto con los gremios estatales que ya preparan presentaciones en la Justicia para frenar su aplicación.

Con el argumento de avanzar en medidas “tendientes a sanear el déficit fiscal”, la administración de María Eugenia Vidal resolvió suspender por un año los nombramientos en el Estado y el congelamiento de vacantes existentes o que se produzcan en ese lapso.

Pero la decisión oficial es más amplia: también se suspenden las designaciones que están en trámite, muchas de ellas producto de acuerdos alcanzados en paritarias entre los sindicatos y el Estado.

A LOS TRIBUNALES

El decreto 618 viene levantando polvareda, porque su contenido había trascendido antes de su publicación en el Boletín Oficial que ocurrió ayer. Los sindicatos, por distintas vías, anunciaron que no se quedarán de brazos cruzados y que irán a la Justicia en procura de evitar su aplicación.

El artículo 1 del decreto establece la suspensión por el término de un año “las designaciones de personal de planta permanente y de la planta transitoria de todas as jurisdicciones y organismos de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera sea su régimen estatutario y el agrupamiento ocupacional, congelándose todas las vacantes existentes o que se produzcan en igual lapso”.

Además, se aclara que los cargos vacantes deberán ser puestos a disposición del Ejecutivo “a los efectos de utilizarlos conforme los lineamientos que se determinen en el futuro para la gestión del capital humano en el Estado provincial”. De esta manera, esos cargos podrían ser eliminados por el gobierno.

Según se consigna en el decreto, el congelamiento de vacantes y la suspensión de designaciones obedece a la necesidad de “superar la insuficiencia de recursos económicos y financieros” y “preservar el equilibrio presupuestario sin afectar las prestaciones esenciales a cargo del Estado”.

El decreto establece excepciones. Deja afuera al personal docente y no docente, policías, penitenciarios, personal profesional hospitalario y de enfermería y el área de Minoridad.

En el caso de la fuerza de seguridad, sólo podrán incorporarse oficiales de Policía del subescalafón General y Oficial Subayudante del subescalafón Comando.

fuente DIARIO EL DIA