Un mes atrás la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires declaró inconstitucional una ordenanza del partido de General Alvarado donde se declaraba la “pirotecnia cero”. Esta decisión judicial dejó abierta la puerta para que 19 municipios deban cambiar su reglamentación. Desde la empresa de pirotecnia Cienfuegos explicaron que intentaran consensuar con cada comuna. En caso de no llegar a una arreglo se “aplicara con todo el peso de la ley”, lo que significaría una demanda millonaria a la comunidad.

“Vamos a ir caso por caso buscando una posición consensuada. Si no accedemos haremos acatar el fallo”, dijo al portal  INFOCIELO Alejandro Paolini, vocero de Cienfuegos. “Por ejemplo, con el Municipio de General Pueyrredón se trabajó en una ordenanza consensuada”, graficó.

Fuentes especializadas explicaron que el falló celebrado el 18 de septiembre de este año  por la Suprema Corte Provincial tiene una aplicación automática para toda la Provincia y da un plazo de seis meses para cambiar el ordenamiento jurídico local.

El máximo tribunal bonaerense declaró inconstitucional la Ordenanza N° 220/15 de la Municipalidad de General Alvarado donde se establece la prohibición del uso de pirotécnica. En la Provincia hay 19 municipios que tienen ordenanzas similares y que deberán readecuarse: Avellaneda, Bahía Blanca, Berisso,  Berazategui, Bragado, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Rosales, Coronel Pringles, Florencio Varela, General Alvarado, Junín,  Lezama, Rivadavia, San Pedro, Ramallo, Olavarría, Salliqueló y Quilmes.

Según pudo saber este portal, Cienfuegos está dispuesto a dejar de vender los 14 productos que generen mayor sonoridad en esos distritos y establecer zonas y horarios seguros: por ejemplo no tirar pirotécnica cerca de un hospital. El objetivo de la compañía es trabajar en una reglamentación que deje conforme a la empresa y también a los Concejos Deliberantes.  

Desde la empresa no tiene una estrategia judicial global, y han decidido negociar  municipio por municipio. En caso de no encontrar voluntad comenzaran los cruces judiciales donde se evaluará contra quien se accionará: Intendente, Municipio o Concejales. “Si no cumplen  se aplicara todo el peso de la ley”, enfatizó Paolini.

Los honorarios de estas demandas corren por parte de los distritos, y la empresa podría reclaman un resarcimiento económico por el tiempo que no pudieron vender sus productos. La resolución de la Suprema Corte de la Provincia transforma en practicamente en un hecho la derrota de los municipios frente a este tipo de demandas. De generarse esta resolución, las localidades enfrentaría un gasto extraordinario,  justo en el momento donde todos los intendentes observan la letra chica de su presupuesto para decidir que reducir.