Los casi $ 13 mil millones en subsidios que la Provincia prevé transferir a los municipios en el Presupuesto 2019 generan inquietud entre los propios intendentes del oficialismo, que ya avisaron que no podrán asumir todos los costos y que buscarán "compartir gastos" con el Gobierno bonaerense.

Con los proyectos de presupuesto "congelados" a la espera de mayores precisiones y la falta de información acerca del impacto real que tendrá en sus economías, los jefes comunales comenzaron una ronda de consultas entre ellos para conocer los alcances de las medidas económicas incorporadas a la "Ley de leyes" para el próximo año. Los radicales, por su parte, empujaron a una reunión con legisladores de su partido, mañana, de la que se espera la participación del vicegobernador Daniel Salvador.

Como viene informando DIB, el Presupuesto 2019 prevé una transferencia de gastos a los municipios por $ 12.984 millones: $ 8.000 millones por la tarifa social eléctrica, que hasta ahora paga Nación; $ 2.450 millones por subsidios al transporte; y $ 2.500 millones para el sostenimiento de la Ceamse (que impacta íntegramente en el Gran Buenos Aires).

Esto, que supone grandes desembolsos para las comunas, se profundiza con restricciones en el renglón de los ingresos: la Ley Impositiva pone un tope del 38% al aumento de tasas municipales; el año que viene se eliminará definitivamente el Fondo Sojero (fue dado de baja en junio, pero hasta fin de año las comunas reciben una compensación por el 70% de lo que les correspondía en 2018); y también vence la prórroga para seguir cobrando una tasa del 6% a los consumos eléctricos por el uso del espacio aéreo por parte de las prestadoras. Además, habrá más restricciones para el gasto del Fondo Educativo.

Preocupación y reuniones

En este escenario, varios intendentes del oficialismo comenzaron a expresar su "preocupación" por los desembolsos que deberán realizar. Y aunque sostienen que se trata de un "esfuerzo" que deben realizar todos los estamentos del Estado, advierten que en muchos casos no van a poder responder con recursos propios, y proponen llegar a un acuerdo para dividir los costos del ajuste.

"El impacto va a ser importante. Negociaremos para compartir el gasto en función de no desfinanciarnos", señaló a DIB el intendente de Bragado, Vicente Gatica, al tiempo que aseguró que "si somos parte de la solución debemos dar una mano, pero tener que ver luego de no tener problemas nosotros".

Ante este escenario de incertidumbre, la mayoría de los jefes comunales pidieron una prórroga para la presentación de los presupuestos locales, ya que no tienen precisiones sobre qué gastos deberán afrontar. Por lo pronto, esta semana el Ejecutivo enviará los datos macroeconómicos, donde tendrán el detalle, entre otras cosas, de cuánto será la coparticipación proyectada.

Una de las mayores preocupaciones de los intendentes es la tarifa social eléctrica: muchos desconocían la situación en su distrito y tras oficializarse la decisión de la Provincia de traspasar ese subsidio pidieron detalles a las empresas prestadoras. Las respuestas sorprendieron a más de uno. Aníbal Loubet (General Guido) sostuvo que en esa condición se encuentra el 40% de los usuarios totales del distrito, mientras que Franco Flexas (General Viamonte) calculó que los gastos de un año representan la masa salarial de un mes, algo así como un "segundo aguinaldo", difícil de afrontar para la comuna.

En cuanto a los ingresos, algunos jefes comunales expresaron su preocupación por el tope al aumento de tasas: si bien muchos consideran que el 38% va más allá de las posibilidades de los contribuyentes, otros marcan que, en algunos casos como la Tasa Vial, se deben tener en cuenta la acción de la inflación sobre los insumos, como el gasoil. "Deben contemplar nuestra mirada. El tope de tasas es competencia de los municipios", sostuvo Flexas.

También hay preocupación por la restricción del Fondo Educativo: el proyecto contempla que las comunas del interior deben destinar el 70% a obras de infraestructura. Algunos intendentes sostienen que en sus distritos no tienen la necesidad de elevar la inversión, pero sí advierten que con el resto solventan cursos de formación gratuitos, becas de estudio y el funcionamiento de casas de estudiantes en las localidades que concentran la mayor oferta de educación superior.

La eliminación definitiva del Fondo Sojero también "es un problema", según reconoce David Hirtz (Adolfo Alsina) así como también la eliminación, desde 2019, de la tasa del 6% que se cobra con las facturas eléctricas. "No podemos resignar ese ingreso porque con eso compensamos parte del alumbrado público", indicó el intendente del sudoeste. En ese marco, trascendió que existen gestiones a nivel provincial para que las comunas puedan seguir cobrando la tasa sin trasladarla a los usuarios: las empresas podrían absorber el 50% y el resto se ajustaría en los montos previstos para obras. (DIB) JG