El Gobierno busca enviar al Congreso el nuevo Régimen Penal Juvenil que tiene como novedad una baja en la edad de imputabilidad. Así, de 16 años pasará a 15 para los delitos más graves. El oficialismo intentará reunir consenso con la oposición para aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero, según informa Clarín.

La modificación de la actual normativa fue un pedido que Mauricio Macri les había hecho sus asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña Legislativa de ese año. Pero ahora, con la baja repercusión negativa que tuvo la implementación de las pistolas Taser en aeropuertos y trenes, el proyecto recobró impulso.

Al respecto, en el Gobierno hablan de un “cambio cultural” que permite plantear algunos debates que, años atrás, generaban prurito a la clase política.

Fue, precisamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien habló del tema en el cónclave del viernes junto a Germán Garavano. La funcionaria, que pretendía que la edad de imputabilidad bajara a 14 años, le había dado su conformidad al ministro para que quede en 15 años, porque, según cuentan cerca suyo, entiende que lo mejor es que salga un proyecto que reemplace a la Ley 22.278, vigente desde 1980, en plena dictadura.

Salvadas las diferencias internas, y teniendo en cuenta que se trata de una baja de imputabilidad más moderada que la prevista inicialmente, el oficialismo aspira a lograr un consenso para avanzar en el Congreso.

El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego. En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.

En todos los casos, como se apunta en el artículo 50 del proyecto al que accedió Clarin, se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión que se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores.

Además se incorporan “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos“, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.