Mauricio Macri ya firmó el decreto de necesidad y urgencia para reformar la ley 22.802, de Lealtad Comercial, con el que se propone endurecer los controles a los supermercados, proteger a las pyme y regular la competencia en el comercio. La normativa prevé la aplicación de multas de hasta $ 200 millones para las firmas infractoras.

Se trata de una norma que estaba vigente desde la dictadura pero que, según entienden en el Gobierno, había quedado obsoleta. De ahí que en las próximas horas su modificación será publicada en el Boletín Oficial.

Es que, para acelerar su implementación, el Presidente decidió que los cambios que trazó el ministro de Producción, Dante Sica, fueran vía DNU, por lo que salteará al Congreso, pese a los cuestionamientos que se hicieron sentir desde un sector de la oposición y también de empresarios.

El texto del decreto, al que tuvo acceso Clarín, consta de 77 artículos, agrupados en ocho títulos. El primero tiene que ver con la "competencia desleal". En el artículo 4, aclara que se aplicará la ley "en cualquier acto de competencia desleal, realizado antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse". Y precisa que "la aplicación no está supeditada a la existencia de una relación de competencia entre los sujetos del acto de competencia desleal". En el artículo 8, agrega que para identificar un acto de competencia desleal "no será necesario acreditar la generación de un daño, pudiendo éste ser actual o potencial".

Entre los actos de competencia desleal, en el artículo 10 se especifica casos en los que se busca "engañar" o "confundir" respecto a la fabricación, naturaleza, origen o distribución de los productos y servicios. También se castiga la venta por debajo del precio de adquisición o fabricación, para eliminar u obstaculizar a un competidor; y a aquellas situaciones en las que se violan normas y se saca ventaja a la competencia de esa situación.

Enfocado en las pyme, el inciso D, además, habla de los casos de "Abuso de situación de dependencia económica". Se trata de aquellos en los que se busca "explotar la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una empresa cliente o proveedora" y se le pidan descuentos o condiciones "adicionales que no se conceden a compradores similares".