La presión tributaria ronda el 40% en la Argentina y estos niveles ahogan a las empresas y complica sus posibilidades de competir en el exterior.

Ante esto, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, admitió la necesidad de avanzar en una nueva fase de la reforma tributaria, tras la primera etapa de diciembre de 2017, estableciendo entre otros aspectos, un cronograma de reducción gradual de contribuciones patronales e Ingresos Brutos.

En este último caso, no obstante, algunas provincias primero subieron las alícuotas, aprovechando el margen que les permitía la nueva norma.

Sobre la elevada carga tributaria que pesa sobre el sector privado, Sica dijo que entre Nación, provincias y municipios llega en promedio al 38% del PBI. Sostuvo que en los últimos tres años empezó a corregirse el desbalance entre la Nación y los gobiernos subnacionales, "devolviendo recursos a las provincias por $600.000 millones" para fin de año.

Pero el tema central es "ir a un régimen fiscal que elimine impuestos distorsivos" y "acomodando" Ganancias y aportes patronales para 2022. A renglón seguido, buscó endulzar los oídos de los más de 500 empresarios que colmaban la sala. "Necesitamos consistencia fiscal y tributaria, tener un tamaño del Estado mucho menor, para bajar el déficit fiscal y luego poder bajar impuestos".

En un panel sobre reforma tributaria, el diputado Marco Lavagna (FUNA), consideró que se precisa "un sistema basado en patrimonio y no en rentas y servicios" y llamó a "simplificar" la administración tributaria.

Por su parte, Luciano Laspina recordó que "cuando hay discusiones sobre la ley, se debe tener una idea sobre el costo fiscal y que venga acompañada de un proyecto para el cambio". Consideró que hay que orientarse a impuestos que apoyen las exportaciones y la producción, pero el tema pasa por garantizar los recursos necesarios para financiar el primer año de la reforma.