“El caso Lucio Dupuy violó todos los derechos humanos existentes y puso al descubierto falencias gravísimas en los procedimientos judiciales y policiales, aunque también desnudó la carencia de una norma jurídica precisa y clara”, señaló la concejal Lilian Labaqui agregando que “dinamiza la prevención familiar, para no volver a llegar tarde, para preservar la vida y la integridad de los niños y adolescentes, y para concientizar a todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado `Nacional, en este caso - y de los provinciales y municipales cuando adhieran las veinticuatro Legislaturas y los Concejos Deliberantes de las Municipalidades  - y a la ciudadanía en general, que ante la vulneración de derechos infantiles cualquier persona se anime a formular la denuncia pertinente con la preservación correspondiente de su identidad”.

Añadió Labaqui que ““el caso de Lucio no fue aislado y estos casos se repiten constantemente. Es nuestra responsabilidad velar para que no vuelvan a suceder. Necesitamos proteger los derechos y la vida de los niños, niñas y adolescentes porque somos los responsables, como adultos y legisladores, de garantizarles una vida plena, donde jueguen, crezcan y vivan con libertad”.

“Es una ley que surge del dolor de una familia pero de una actitud con mucha valentía”, definió Labaqui y agregó que “el proyecto de Ley fue sancionado por la Cámara de Diputados de la Nación y pasó al Senado sin que se llegara a aprobar definitivamente al final del período por eso causó sorpresa que el Gobierno Nacional priorizara otros asuntos y no incluyera el tema en el temario de convocatoria a Sesiones Extraordinarias del Congreso Nacional cuando había sido el propio Presidente el que se había comprometido con la familia de Lucio a impulsar la ley”, abundando que  “eso motivó una presentación de nuestra representación legislativa al Poder Ejecutivo el que finalmente, a través del Decreto 45/2023, lo incluyó en el temario de la convocatoria”. 

OBLIGACIONES DEL FUNCIONARIADO PÚBLICO NACIONAL

La “Ley Lucio” contempla una sanción de prisión de un mes a dos años de prisión para los funcionarios públicos por estos casos de violencia por los que estarán obligados a recibir y tramitar las denuncias en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público.

RESERVA DE IDENTIDAD

Contempla que la docencia, profesionales y personal de la sanidad, fuerzas de seguridad y todas las personas que trabajen con niños y adolescentes formulen denuncias, que muchas veces no ocurre por temor, estableciendo  la reserva de identidad, para que estén respaldados ante posibles hechos. 

CAPACITACIÒN

Establece la capacitación obligatoria para los diferentes sectores que trabajan con menores, y para todo el funcionariado público en los protocolos a seguir en estos casos, los que podrán alcanzar a organizaciones de la sociedad civil a fin de  la detección y alerta tempranas de estos hechos  para poder concretar a tiempo la denuncia. 

Una vez sancionada la Ley se requerirá de la adhesión de las Provincias para su ejecución en los respectivos poderes públicos, y de las Municipalidades en sus ámbitos.