Senadores bonaerenses opositores al gobierno, encabezados por Marcelo Daletto, realizaron un pedido de informes con el fin de que el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires pueda corroborar con precisión los datos que se utilizaron para el cálculo del Coeficiente Único de Distribución (CUD) 2023, luego de la publicación de los datos provisorios del Censo 2022.

“De diferentes recursos provinciales y Nacionales, el 16,14% se coparticipa a los Municipios representando para 2023 un monto de $840.000 millones.  Este monto se distribuye por un coeficiente conformado por: 37% a Municipios con establecimientos de salud; un 5% a Municipios con servicios sociales transferidos y un 58% de acuerdo a los siguientes ítems: un 62% teniendo en cuenta la población, un 23% por la capacidad contributiva per cápita, y un 15% basado en la superficie del distrito”, precisó Daletto.

Y agregó que: “Como se dio a conocer días atrás con la publicación del Censo 2022, son diferentes los datos estimados con los cuales se elaboró el CUD 2023 y los datos reales de la población. Por ejemplo, en el caso de La Matanza, la población que arrojó el Censo 2022 fue de 1.837.774, mientras que la proyectada 2022 utilizada para elaborar el CUD de este año fue de 2.374.149, es decir, 536.375 personas más. Mientras un caso opuesto es el de General Pueyrredon que tiene 682.605 habitantes según el Censo 2022 y para calcular el CUD se estimaron 662.430 personas, o sea, 20.175 ciudadanos menos”, sostuvo el legislador de Juntos.

Desde la oposición argumentaron que hubo una supuesta adulteración de las estadísticas que brindó el Censo 2022 con respecto a la cantidad de habitantes que posee La Matanza. Desde Juntos quieren que se “corrijan todas las distorsiones” que presentaría el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para este año.

“Es necesario que el Estado provincial, como el primer responsable frente a la sociedad, garantice la transparencia y el acceso a la información que se utilizó para conformar el CUD 2023. Esperamos puedan corregirse todas aquellas distorsiones que afectan los principios de igualdad, legalidad y solidaridad que deben primar en el régimen de coparticipación municipal”, finalizó el parlamentario perteneciente a la oposición.

En sí, la cuestión radicaría en que el reparto de recursos coparticipables de la provincia de Buenos Aires tendría una planificación previa ante una sobreestimación de cifras que favorece a la comuna liderada por Fernando Espinoza. Teniendo en cuenta el proceso de distribución de la coparticipación bonaerense, el indicador de población tiene una incidencia del orden del 36%.