El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sigue estando en el centro de la polémica por las deudas que mantiene con varios municipios y por la falta de prestaciones que sufren sus afiliados. Así, tras reiterados pedidos al gobierno bonaerense para que regularizar la situación, la dirigencia opositora presentó un pedido oficial para que se declare la emergencia en materia sanitaria, económica y financiera de la obra social.

La iniciativa fue presentada esta tarde por interbloque UCR + Cambio Federal, que preside Diego Garciarena en la Cámara de Diputados bonaerense.

“En materia de salud pública, no puede haber excusas. Es hora de que el gobierno provincial se haga cargo de la crisis que atraviesa la salud pública. Menos show y más atención a millones de bonaerenses”, expresó el legislador correligionario al dar a conocer la iniciativa que presentó la bancada.

A través del proyecto de ley se solicita la declaración de emergencia de IOMA por el plazo de un año, y se requiere que una vez sancionada la ley, el director de la obra social tendrá 10 días para elevar a la Legislatura un informe detallado con la ejecución presupuestaria, cantidad de prestaciones y/o servicios otorgados y cantidad de afiliados, cantidad de bienes y “todo dato de interés a los efectos de realizar un correcto abordaje de la situación actual del IOMA”.

Asimismo, se propone la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control del Instituto Obra Médico Asistencial que estará integrada por 6 diputados y 6 senadores designados por los presidentes de las respectivas Cámaras y ratificados por los cuerpos legislativos.

La primera función que dicho cuerpo deberá cumplir es la recepción del informe elaborado por el Director de IOMA, para trabajar en una respuesta y solución a la Emergencia decretada.

Entre los fundamentos se indicó que “la situación actual es crítica,  hace tiempo que los prestadores de IOMA vienen denunciando importantes atrasos en los pagos y desactualizaciones en los costos de las prestaciones médicas; por lo que muchos profesionales de la salud decidieron cobrar adicionales o en otros casos han dejado de atender por IOMA”.

Tras realizar un detalle de los problemas que hoy acarrea la obra social se indicó que “IOMA se encamina a perder la libre elección del profesional. La teoría llevada a la práctica del conflicto permanente terminará en el retiro de los profesionales y el intento (ya puesto en práctica) de contratación directa, con lo cual la libre elección solo será una falacia”.

En tanto, se consideró que “IOMA debería: Volver al modelo financiador sobre el ya fracasado modelo prestador; ejercer la autarquía presupuestaria ya prevista en la Ley de creación; asegurar una correcta auditoría y control de la gestión; privilegiar la medicina preventiva; aumentar y auditar eficazmente la cobertura en medicamentos, especialmente en aquellos cuya dispensación sea prioritaria; promover la celeridad en las prestaciones a los afiliados con patologías crónicas; recuperar el diálogo con todos los actores de la salud, interrumpido unilateralmente por las autoridades de la institución”.

Asimismo, se añadió que “a todo el escenario descripto se suma la falta de eficiencia y transparencia en la gestión de IOMA ya que la información sobre su ejecución presupuestaria es escasa”.

Ante dicho panorama se indicó que “la Provincia no solo debe garantizar el debido funcionamiento de IOMA en relación a sus afiliados y su derecho a la Salud; sino que también debe velar por una eficiente administración de sus recursos genuinos atento que ante la existencia de déficit del instituto debe auxiliar al mismo con fondos de todos los Bonaerenses lo cual exige de máxima transparencia en su ejecución, información accesible y publica para cuidar los recursos de todos los Bonaerenses”.

“Sin lugar a dudas es necesario y urgente declarar la emergencia en la Obra Social IOMA, realizar una pormenorizado análisis del estado de situación de la misma y generar las herramientas para que pueda salir de la crisis, porque el cuidado de la población no se negocia. La salud es un derecho fundamental y la gestión gubernamental tiene que dar respuestas claras, positivas e inmediatas”, se concluyó en los fundamentos del proyecto de ley.