La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir como tribunal único en el reclamo de la Provincia de Buenos Aires contra el DNU por el cual el gobierno de Javier Milei dejó de transferirle los fondos para las jubilaciones.

Al pronunciarse sobre la medida cautelar que interpuso el gobernador Axel Kicillof ante la decisión de la gestión libertaria, la procuradora adjunta Laura Monti explicó que “la Provincia de Buenos Aires deduce acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia DNU y que, en consecuencia, el Estado Nacional ‘restablezca las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”.

En este sentido indicó que los montos reclamados corresponden a “compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la Provincia de Buenos Aires no transferido al Estado Nacional”, a valores actualizados.

Dicho régimen está vigente desde el año 1999 por el cual el Estado Nacional “se comprometió a financiar los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, con recursos provenientes de rentas generales”, y se profundizó en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri con la ley de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”.

La normativa fue prorrogada por decreto durante el Gobierno de Alberto Fernández, y el actual gobierno lo interrumpió mediante el DNU.

En tanto, Monti indicó que “toda vez que la Provincia de Buenos Aires –a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte-, demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia”, opinó la procuradora adjunta. “En tales condiciones, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal”.