Bajo el lema “La discapacidad no puede esperar”, un mar de vecinos de Bragado tomó las calles el viernes pasado para manifestar su descontento con el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La movilización, convocada por la asociación Te Amparo Bragado, no fue solo una protesta; fue un grito de visibilización y una defensa innegociable de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

La multitud se congregó en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo, exhibiendo carteles con mensajes contundentes: “Los derechos no se vetan”, “Discapacidad en emergencia” y “Ley de Emergencia en Discapacidad = igualdad de oportunidades”. La manifestación, pacífica pero firme, reflejó un profundo sentimiento de injusticia ante la decisión del Poder Ejecutivo.

Un reclamo con historia y corazón

En el corazón de la movilización, resonaron las voces de quienes han dedicado su vida a esta causa. Héctor Nine leyó un emotivo mensaje, enfatizando la importancia de construir una sociedad sin barreras. Sus palabras, que instaban a la aceptación y la inclusión, recordaron que la lucha va más allá de un veto: es una batalla por la dignidad humana.

Por su parte, Claudia Mariangeli, de Te Amparo Bragado, trajo a la memoria los orígenes de la asociación, nacida hace más de una década de la indignación y la tristeza. "Nació a partir de la tristeza y el espanto que fue escuchar a una mamá porque a Valentina le negaron el acceso a un jardín cuando la Directora dijo que había muchos 'nenes enfermitos'", recordó Mariangeli, dejando claro que la unión y la defensa de los derechos son la fuerza motriz del colectivo.

También se encargó de dejar un mensaje claro para quienes observan desde afuera: el reclamo no es por privilegios, sino por justicia. "No nos gusta salir a marchar por estas situaciones", explicó. "Nos gustaría llenar una plaza para jugar, tener un espacio de disfrute y ocio para nuestros hijos, una escuela donde los acepten como son: con sus capacidades y no por sus discapacidades".

El veto a la ley, que se encontraba en el centro del debate político, ha sido fuertemente criticado por organizaciones de discapacidad a nivel nacional. La ley, aprobada por el Congreso, buscaba dar un respiro a un sector en crisis, garantizando el financiamiento de prestaciones y la actualización de aranceles. Sin embargo, el Gobierno Nacional ha argumentado que la ley es fiscalmente insostenible.