En medio de una puja abierta con una parte del sindicalismo, mientras espera por una reforma laboral y por paritarias que no se salgan de la raya de la meta inflacionaria, el Gobierno estableció ahora mayores controles sobre la cantidad de afiliados a las obras sociales que son beneficiarios del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA).

La resolución fue publicada ayer en el Boletín Oficial, a través de la Superintendencia de Salud y dispone que el subsidio será distribuido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Antes de realizar las transferencias de lo recaudado, las obras sociales deberán informar el total de afiliados del padrón de la población beneficiaria de este subsidio, instaurado por el gobierno de Cristina Kirchner y que la actual administración estaría analizando eliminar, o al menos recortarlo.

De acuerdo a la Resolución 19-E/2018 conocida ayer, tras establecer el número de afiliados de cada obra social se calcula la distribución del subsidio. Según se explicó, el área de Informática de la Superintendencia de Servicios de Salud remitirá el primer día hábil de cada mes a la Afip el total de afiliados del padrón de la población beneficiaria y luego de efectuada la verificación del cumplimiento de los requisitos, se determinará “en forma inequívoca, la base de cálculo para la distribución de los Subsidios”.

El SUMA es un subsidio que fue creado para complementar la financiación de las obras sociales.

Se financia con el 5% de lo recaudado en concepto de Aportes y Contribuciones con destino a las Obras Sociales y al Fondo Solidario de Redistribución.

EL AVANCE OFICIAL

Son alrededor de $1.000 millones que reciben las obras sociales de manera automática para financiar los servicios de salud. Ahora, según trascendió, en el Gobierno estarían viendo con buenos ojos quitarle, o al menos recortarle, esa “caja“ a los sindicatos.

De acuerdo a versiones periodísticas, en la primera etapa los reducirían a la mitad al SUMA, y en 2019 buscaría eliminarlo por completo. La decisión se difunde en medio de un enfrentamiento abierto con algunos líderes gremiales, sobre todo con aquellos que la semana pasada se reunieron en Mar del Plata, entre ellos Luis Barrionuevo y Hugo Moyano, y emitieron un fuerte documento contra el Gobierno de Macri.

La decisión de la Casa Rosada, según le aseguraron fuentes oficiales al diario Clarín, es eliminar el SUMA “en un corto plazo”, aunque en una primera etapa, que se anunciaría esta semana, sólo avanzaría con el recorte a la mitad.

La distribución, explica el diario, de esos fondos se determina según el tamaño del gremio: el 20 por ciento se divide en partes iguales entre las obras sociales con más de 5.000 afiliados. Mientras que el 80 por ciento restante va en forma proporcional al número de afiliados, de manera tal que se asegure que las obras sociales con menos de ese número de beneficiarios reciban un importe promedio. Es decir, además ampara a las más pequeñas.

FACTURAS TRUCHAS

En otro orden, avanza en la Justicia una denuncia de la AFIP contra grandes sindicatos por presunta facturas truchas. Ya hay 17 procesados sospechosos y un prófugo.

La investigación, según publicó ayer el diario La Nación, compromete a sindicatos de referentes de la CGT, como Hugo Moyano (camioneros), Luis Barrionuevo (gastronómicos), Carlos Acuña (estaciones de servicios) y Antonio Cassia (petroleros).

En la causa que llevan adelante la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el juez de Quilmes Luis Armella ya fueron procesadas 17 personas y una se encuentra prófuga. Además, allanaron una decena de sindicatos que figuran como presuntos usuarios de esta red de evasión.

Fuente: Diario El Día de La Plata