El ex gobernador Daniel Scioli deberá prestar declaración mañana en calidad de imputado ante el fiscal penal de La Plata Alvaro Garganta, quien investiga la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) por las que se pagaron 189 millones de pesos. Será la primera vez que el actual diputado nacional declare en la causa que se ventila en la Justicia local por presuntos hechos de corrupción durante su gestión.

Para hoy, en tanto, Garganta citó a declaración indagatoria al ex ministro de Salud Alejandro Collia, el otro imputado en esta causa.

Tanto Scioli como Collia están acusados de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Garganta indagará también el viernes al empresario Ricardo Estanislao Miller, acusado de ser partícipe necesario de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública”.

Durante este mes, por el mismo presunto delito indagará ademas a Gerardo Pérez, ex Subsecretario Administrativo del Ministerio de Salud, Ana Beatriz Priolo, quien fue directora general de Administración, y a Matías Alcalde, quien estuvo cargo de la dirección de Contabilidad.

La investigación se inició a partir de una denuncia de Elisa Carrió y tiene varias ramificaciones que investigan irregularidades en diversas áreas de la anterior gestión bonaerense en la jefatura de Gabinete, ABSA, IOMA, el Puerto La Plata, Lotería y vuelos con taxis aéreos, entre otras.

Hay “indicios vehementes” de que entre los años 2011 y 2015, Collia -a instancias del ex mandatario bonaerense- adjudicó de manera irregular la realización de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) y la ampliación de otra, todas en favor de la empresa Miller Building International SA, según el dictamen del fiscal.

La adjudicación a esa empresa se concretó “con motivo de la relación personal y comercial que el ex gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario (Ricardo Miller), y además, por las presuntas dádivas que el ex primer mandatario percibía de éste por su rol”, dice la resolución de Garganta.

Para el procesamiento “se tuvo en cuenta la simultánea proyección advertida entre el incremento de las mejoras que Miller hizo en el complejo hotelero del ex gobernador y el avance de las adjudicaciones irregulares de las obras públicas”, indica.

“A medida que avanzaba el empresario en las adjudicaciones, tenía su correlato en las mejoras del predio del ex gobernador”, destaca el fiscal, quien calcula que el vínculo comercial y personal entre Scioli y Miller data de 2009, al menos.

Además de las sociedades que conformaban, Garganta consideró también que Scioli usaba dos helicópteros del empresario, con quien mantenía negocios a nivel particular en la construcción de instalaciones del club de Futsal La Ñata.

Garganta investiga también a Scioli por presunto lavado de activos y delitos contra la Administración Pública en la jefatura de Gabinete, Aguas Bonaerenses, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la estatal Astillero Río Santiago, Loterías y Casinos y con el alquiler de aviones que fueron usados en la campaña electoral de 2015.

Para el fiscal, las contrataciones para las UPA tuvieron “múltiples irregularidades” para favorecer a Miller. Y en ese marco, sostuvo que se registró una elusión de la ley de obras públicas, que apunta a generar mayor competencia entre los proveedores, y se redujeron plazos de adjudicación para que otras empresas no pudieran presentar sus ofertas en tiempo y forma.

fuente DIARIO EL DÍA